El Congreso de Estados Unidos (EE.UU) reconoció que las llamadas “sanciones” contra Venezuela, provocaron una crisis económica y migratoria, pero no lograron los fines políticos para las cuales fueron diseñadas hace casi una década.
A través de un informe especial publicado este miércoles 24 de enero, el Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU, emitió nuevas declaraciones indicando que las medidas para dañar la industria petrolera y hundir la economía venezolana con fines políticos, “fallaron en desalojar al presidente Nicolás Maduro, del poder y contribuyeron a una crisis económica en el país”.
Actualmente, están vigentes más de 900 sanciones contra la nación latinoamericana, las cuales han ocasionado graves daños en materia de salud, alimentación, educación e infraestructura, al bloquear el acceso a importantes recursos mediante el secuestro de activos como la filial petrolera Citgo y las reservas de oro que están en el Banco de Inglaterra.
Genocidio económico
En su reciente Mensaje a la Nación y Entrega de Memoria y Cuenta, el presidente Nicolás Maduro, calificó como un “genocidio económico” la aplicación del esquema continuado de sanciones contra Venezuela por parte de EE.UU. y sus aliados”.
“Un genocidio, una masacre económica. Los que pidieron sanciones para Venezuela, son los culpables, los que las pidieron, los que las exigieron, los que justificaron y los que las tomaron son los culpables de este genocidio, de esta masacre que Venezuela ha sufrido desde 2015 hasta nuestros días”, afirmó Maduro desde la Asamblea Nacional.
Números de una crisis provocada
En su discurso, el jefe de Estado ofreció números concretos que retratan la magnitud de las sanciones ilegales contra Venezuela; indicando que para el año 2015 se producía un promedio de 2,5 millones de barriles de petróleo. A partir de la aplicación de las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), la actividad petrolera disminuyó en 87%.
En 2020, las sanciones hicieron que Venezuela tuviera su nivel más bajo de producción petrolera con apenas 339 mil barriles diarios, provocando disminuir la producción 3 mil 993 millones de barriles de petróleo.
Por otro lado, las sanciones contra Pdvsa se tradujeron en la pérdida de 323 mil millones de dólares que no pudieron destinarse a la inversión social. Otra de las pérdidas totales para la economía nacional, incluyó al sector público y privado, por concepto de la caída del Producto Interno Bruto (PIB) entre los años 2015 y 2022, fue de 642 mil millones de dólares.
Pueblo y empresarios condenan sanciones
En marzo de 2023, la encuestadora Hinterlaces publicó un sondeo en el cual el 81% de los encuestados se mostró a favor de enjuiciar por actos de corrupción a los voceros políticos que pidieron sanciones contra Venezuela.
Asimismo, en la encuesta indicó que 65% de los venezolanos aprueba la creación de la Policía Nacional Anticorrupción, que fuera instaurada por el presidente Nicolás Maduro en el año 2014.
Por su parte, la patronal Fedecámaras abogó esta semana por la “flexibilización” de las sanciones. “Vamos a seguir insistiendo en que se tiene que ir flexibilizando todo el esquema sancionatorio», dijo en rueda de prensa el presidente de la patronal, Adán Celis.
El principal gremio de comerciantes y empresarios añadió que el 81% del sector privado considera que las sanciones han afectado el desempeño de sus actividades, principalmente en sectores como construcción, agricultura, servicios inmobiliarios, comercio y turismo.
Fuente: Fuser News
