En una carta dirigida al mandatario estadounidense Joe Biden, 604 organizaciones en América Latina y el Caribe solicitaron el levantamiento urgente de todas las medidas coercitivas unilaterales que pesan sobre Venezuela.
Los signatarios del documento consideran que las mal llamadas sanciones, impuestas por Washington, además de ser ilegales, constituyen una “extorsión y un obstáculo para el desarrollo económico y social” de la nación bolivariana.
La misiva expresa también una condena firme a las conspiraciones recientemente denunciadas por el Gobierno venezolano, exigiendo “una investigación exhaustiva e imparcial sobre la participación de agentes estadounidenses en estos actos”.
Entre los firmantes se cuentan la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil. También se sumaron organizaciones integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (Oclae), el luchador social puertorriqueño Óscar López Rivera y dos Premios Nobel de la Paz: el activista social argentino Adolfo Pérez Esquivel y la Liga Tunecina por los Derechos Humanos.
“Creemos firmemente que se puede construir una relación entre Estados Unidos y Venezuela donde no tenga cabida este tipo de agresiones y se abandone para siempre la aplicación de más de 400 sanciones directas contra la República Bolivariana”, destaca el documento.
De igual manera, la carta hace un un llamado a la administración Biden a retomar “los caminos del diálogo, la paz y el respeto mutuo entre naciones”.
Recrudece la ofensiva imperial
Estados Unidos persiste en su política agresiva e injerencista contra Venezuela redoblada desde el año 2014, al anunciar días atrás la suspensión de las licencias a varios sectores económicos y adelantar nuevas acciones en el mismo sentido, argumentando que la decisión de la justicia venezolana de inhabilitar a ciudadanos incursos en delitos suficientemente comprobados –lo que les invalida para el ejercicio de cargos públicos– viola los acuerdos de Barbados, suscritos por el Gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria de la Oposición en octubre de 2023.
A través de voceros del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), se ejecuta esta política de chantaje, que pretende desconocer el ordenamiento legal y forzar un cambio de gobierno en Venezuela. Esta ilegal conducta genera hoy el rechazo de cientos de organizaciones y personalidades de América Latina y el Caribe, que identifican en esas acciones imperiales una violación flagrante del derecho internacional y un inaceptable intento de vulnerar la soberanía de los Estados.
Fuente: Observatorio Venezolano Antibloqueo
